La UTI había sido constituida a través del Decreto 114/2025 en un contexto complejo: la promoción pública del proyecto $LIBRA desde las propias redes sociales del Presidente había encendido las alarmas de parte de la oposición y del Poder Judicial.
Una UTI con fecha de vencimiento
La sospecha sobre posibles irregularidades motivó la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso y la posterior formación de esta unidad especial en el Ministerio de Justicia.
El decreto de creación de la UTI destacaba que su función sería recabar y resguardar evidencia sobre $LIBRA, con facultades de acceso a información incluso de distintas jurisdicciones, y con la obligación explícita de denunciar cualquier intento de ocultamiento o destrucción de pruebas.
Lo curioso —y quizás lo más llamativo— es que, entre su fundación y su súbita desaparición, nunca se conoció con exactitud qué información recabó la UTI, si hubo documentación entregada al Poder Judicial o a la Comisión Investigadora, o si se avanzó en alguna línea concreta de indagación.
La unidad, que nació con bombos legales y una supuesta intención de transparencia, se extinguió hoy sin ruido, sin balances, y sin que se conozcan resultados públicos de su accionar.
