La Plata, 02 Sep (Por InfoGEI).- Luego de 18 años y 4 meses de conflicto, la Justicia decidió cerrar el camino de acceso público a Lago Escondido, un espejo de agua ubicado en la provincia de Río Negro, que quedó cercado por la estancia perteneciente al magnate británico Joe Lewis.
Este jueves, el Superior Tribunal de Justicia de ese distrito revocó los fallos que ordenaban reabrir el camino de Tacuifí, identificado como de traza corta, que lleva a ese lago ubicado sobre la cordillera de los Andes.
En la sentencia, los jueces establecieron que el acceso público al sitio será por el sendero de montaña, que tiene un recorrido de unos 33 kilómetros, mucho más extenso que el camino vecinal, informó diario Río Negro.
La causa judicial fue iniciada en 2005, a partir de un amparo presentado por la entonces legisladora provincial Magdalena Odarda. Recién en 2013 la Justicia de Bariloche ordenó al Gobierno provincial que realizara los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el Lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), por tierras rionegrinas, el paso más corto y directo.
En septiembre de 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil ratificó esa sentencia y dio un plazo de tres meses al Gobierno de Río Negro para garantizar que la población pudiera transitar por un camino de libre acceso al Lago Escondido. Sin embargo, esto nunca se cumplió.
En diciembre de ese mismo año, un grupo de manifestantes y dirigentes sociales ingresó y acampó una noche para reclamar el “acceso soberano” al paraje natural.
En febrero, otra protesta similar fue reprimida y nueve manifestantes y una reportera gráfica fueron retenidos y agredidos en las inmediaciones de la estancia de Joe Lewis, quien reside en Bahamas.
Lewis, considerado una de las 500 personas más ricas del mundo, posee entre 9.000 y 14.000 hectáreas en la Patagonia. Las 8.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido las adquirió en 1996 de manera dudosa y a un precio irrisorio de 12 millones de dólares. El multimillonario compró la propiedad a través de una empresa argentina que, luego de una primera operación, cedió los terrenos al británico.
Además, cercó el lugar e impidió el paso con guardias de seguridad privada, bloqueando el derecho al acceso de los ciudadanos a pesar de que, por tratarse de un patrimonio nacional, su uso público está garantizado por ley.
Fuente: InfoGEI
